Амнистия в Испании

[b]Как говорилось в старые добрые времена, «идя навстречу многочисленным пожеланиям» посетителей сайта «Русская Испания», мы будем еженедельно выкладывать новости на эту тему. На испанском языке, а как вы хотели? В общем, чтиво для людей любознательных и настойчивых. Итак, вот что случилось совсем недавно[/b] Госсекретарь по делам иммиграции, Консуэла Руми объявила, что амнистия неизбежна. И ждать ее стоит весной будущего года, но точно о сроках Руми опять не сказала. Однако проговорилась о самом главном. Она заявила, что сейчас идет подготовка к массовой легализации. Набираются люди, оборудуются офисы и запускается компьютерная программа. В переводе с испанского - это означает, что до сих пор ничего не готово. Что будет дальше ? неизвестно. Рождество скоро, потом ночь Трех Магов, а там и весна начнется. Наш прогноз ? амнистия не начнется раньше апреля. Желаем удачи всем нашим соотечественникам в Испании. А пока читайте новости об амнистии на испанском языке. Источники ? Национальное радио Испании, Европа-пресс и другие центральные СМИ страны. [b]El Consejo de Ministros analiza el reglamento de la Ley de Extranjería[/b] [i]MADRID, 23.11.2004[/i] - El Consejo de Ministros, que analizó un informe sobre el reglamento de la Ley de Extranjería, concluyó pasadas las 13.30 horas. El Gobierno también aprobó un acuerdo sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero por el que se encarga a una sociedad que gestione el Registro Nacional de Derechos de Emisión. El Gobierno estudió el informe del Ministerio de Trabajo sobre el reglamento de la Ley de Extranjería, acordado con los agentes sociales, y mediante el que se abrirá a partir de febrero un periodo transitorio de tres meses, durante el cual los empresarios podrán regularizar a sus trabajadores extranjeros 'sin papeles'. El Gobierno dio además luz verde a un acuerdo por el que encomienda llevar el Registro Nacional de Derechos de Emisión a la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro de Compensación y Liquidación de Valores. Asimismo, el Ejecutivo acordó dos decretos de modificación de las listas de aditivos de edulcorantes y colorantes y, también en materia sanitaria, un decreto que determina los colectivos a los que se dirigen las políticas de cohesión a efectos de su financiación por el fondo de cohesión sanitaria durante el ejercicio 2004. Por último, aprobó un decreto que regula la estructura del Consejo Superior de Deportes, así como un complemento compensatorio para funcionarios docentes de Ceuta y Melilla. [b]El Gobierno promete un pacto de Estado para la regulación de la inmigración en 2005[/b] [i]Rumí anuncia que en diciembre presentará un estatuto de los ciudadanos que incluirá el voto directo en el extranjero M. SÁIZ-PARDO/MADRID[/i] El Gobierno ya da por hecho que no logrará el apoyo del Partido Popular al Reglamento de la Ley de Extranjería y a la regularización masiva de inmigrantes, pero no tira la toalla. La máxima responsable de inmigración, Consuelo Rumí, aprovechó su primera intervención en el Senado para anunciar que el Ejecutivo propondrá en 2005, tras la entrada en vigor de la nueva normativa, un gran pacto de Estado para la inmigración y la emigración con el fin de apartar estas materias de la «confrontación política». La secretaria de Estado abogó por beneficiarse de la inercia que ha provocado el respaldo casi unánime al reglamento de la ley, que sólo cuenta con la oposición del PP. «Con este primer acuerdo sobre el reglamento nos hemos situado en un escenario de consenso que no nos podemos permitir desaprovechar y que debemos prolongar hasta alcanzar ese gran pacto de Estado», explicó Rumí, quien, pese a la negativa de los conservadores, insistió en que «el espacio para el acuerdo está a nuestro alcance». Consuelo Rumí dio una fecha para empezar a trabajar en ese gran acuerdo: el próximo mes de enero, una vez que haya entrado en vigor el reglamento y comience la campaña de normalización que dará 'papeles' a decenas de miles de trabajadores clandestinos. La máxima responsable de la extranjería también desveló los que, a su entender, deberán ser los tres objetivos de ese pacto en materia de inmigración: combatir los flujos ilegales con el refuerzo de las repatriaciones y la ampliación de los acuerdos migratorios con países como Ghana, Cabo Verde y Guinea; la canalización de la llegada de inmigrantes con un contingente ágil y que pueda adaptarse a las ofertas, y la integración de los extranjeros tras el afloramiento de la «realidad heredada» de «cientos de miles de inmigrantes en situación irregular». [b]Estatuto[/b] Pero no sólo inmigración. Rumí, por primera vez, propuso a todas las fuerzas políticas ampliar el acuerdo a la emigración en una legislatura en la que se esperan algunas importantes novedades para los residentes fuera del territorio nacional. La alta responsable del Ministerio de Trabajo anunció en la cámara alta que el próximo diciembre presentará al Consejo General de la Emigración el anteproyecto del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo, una vieja promesa electoral del Partido Socialista. La secretaria de Estado ofreció «diálogo» y pidió a los parlamentarios el «más amplio consenso» para sacar adelante una ley que «haga sentir» a los emigrantes sus «derechos». Ese futuro texto, desveló Consuelo Rumí, incluirá una histórica reclamación de las colonias españolas en el extranjero: el voto directo en urna en los lugares donde existan embajadas, consulados o «centros españoles». Además, el anunciado estatuto facilitará el «derecho constitucional» de volver a España con la creación en la Dirección General de Migraciones de la Oficina Española del Retorno. Una institución que funcionará desde los primeros meses de 2005 como una suerte de «ventanilla única» a fin de facilitar los trámites para que puedan regresar. [b]El Consejo Económico y Social apoya la nueva política de Extranjería[/b] El Gobierno superó ayer con éxito uno de los últimos y más importantes trámites para sacar adelante el nuevo reglamento de la ley de extranjería y la regularización masiva de inmigrantes que llevará emparejada. El pleno del Consejo Económico y Social (CES), el máximo órgano de representación sindical y patronal, aprobó casi por unanimidad (44 votos a favor y dos abstenciones) el dictamen sobre la nueva normativa. El informe valora positivamente el texto y, sobre todo, el esfuerzo del Ejecutivo por buscar el consenso. Sin embargo, el CES reprocha al Ejecutivo la falta de información sobre el dinero que se destinará para poner en marcha este reglamento. El dictamen hace hincapié en que el Ministerio de Trabajo ha elaborado un texto «plenamente acorde» con las recomendaciones que el CES hizo en su informe de febrero sobre la inmigración. El presidente de la comisión de Trabajo del consejo y ponente del estudio, Fabián Márquez, llegó a decir que el proyecto del Gobierno es «fiel reflejo» del citado texto. Pero más allá de congratularse por sus aportaciones, sindicatos y patronal alaban la disposición del Gobierno durante este último medio año para «tener en cuenta las aportaciones de las distintas administraciones públicas implicadas en la política migratoria, así como de los agentes sociales y otras organizaciones». [b]Diálogo social[/b] Para el CES, el «proceso de diálogo social» abierto por Trabajo ha posibilitado que por primera vez los agentes «hayan negociado y alcanzado un acuerdo sobre las materiales laborales del reglamento». Una circunstancia que es de «indudable trascendencia en el mercado de trabajo». El informe subraya que estos acuerdos han servido además para establecer un «marco estable de diálogo» en dos «ámbitos básicos» al margen del reglamento: la elaboración del contingente anual de trabajadores extranjeros con contratos en origen y la revisión de los instrumentos del Estado en esta materia por la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Entre las mejoras que introduce el reglamento, los técnicos del CES también destacan la simplificación normativa gracias a una «reordenación sistemática» de los artículos que lleva a una «más clara compresión de su contenido». Es más, según el dictamen, esta reorganización «facilitará la estabilidad y la seguridad jurídica de los trabajadores extranjeros, así como su integración social normalizada». Pero no son todo alabanzas a la propuesta socialista. La comisión de Trabajo del CES también ha encontrado motivos de «crítica contundente» al proyecto del Ejecutivo, en palabras de Fabián Márquez. El reproche principal es que el Gobierno no ha informado del dinero que dispone para poner en marcha la nueva legislación. Según el informe, el Ejecutivo «no ofrece la información necesaria sobre recursos destinados a la implementación del futuro reglamento, aspecto especialmente importante», no sólo para las «vías ordinarias, sino también en la previsión de regularización general extraordinaria que prevé». [b]El CES aprueba el dictamen de Extranjería que considera insuficiente su memoria[/b] La decisión del pleno se produjo con un total de 44 votos a favor y dos abstenciones. [b]El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó ayer el dictamen del Reglamento de Extranjería, cuya memoria económica cree "claramente insuficiente", un aspecto esencial "no sólo en la gestión de las vías ordinarias, sino también en la prevista regularización extraordinaria".[/b] La memoria económica que acompaña al reglamento "señala que no se produce incremento del gasto público respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, al ser desarrollo estricto de lo ya establecido en la misma", según reproduce el texto aprobado ayer por el CES. [i]EFE, Madrid, 21.11.2004[/i] El dictamen, aprobado con 44 votos a favor y dos abstenciones, señala que la memoria económica "no ofrece la información necesaria sobre los recursos destinados a la implementación del futuro reglamento", y pide medios materiales y humanos "suficientes y cualificados" para aplicarlo. La memoria económica que acompaña al reglamento "señala que no se produce incremento del gasto público respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, al ser desarrollo estricto de lo ya establecido en la misma", según reproduce el texto aprobado ayer por el CES. El CES también cree oportuno dar un tratamiento más homogéneo a varias cuestiones: "Convendría emplear de modo uniforme, entre Ley Orgánica y Reglamento, los términos relacionados con la necesidad de acreditar medios de vida suficientes; habría que revisar algunas discrepancias en materia de plazos, como sucede en la resolución de autorización de residencia temporal" o precisar cuál es la autoridad competente en la resolución de los distintos expedientes. Respecto al sector agrario, el dictamen aboga por afrontar el problema de gestión "existente en la tramitación de los expedientes de temporada para la realización de sucesivas campañas". El presidente de la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del CES, Fabián Márquez, quien presentó el dictamen al Pleno, subrayó que el reglamento es "fiel reflejo de las recomendaciones del informe elaborado en abril pasado por el Consejo Económico y Social", así como de las aportaciones de los agentes sociales y de las distintas administraciones. Asimismo destacó el hecho de que por primera vez se haya acordado con empresarios y sindicatos los aspectos laborales relacionados con la inmigración. Entre las propuestas de este órgano consultivo incorporadas al reglamento, Márquez subrayó la regularización individual de los trabajadores inmigrantes en situación irregular cuando existe una vinculación laboral real y efectiva. En ámbitos fuera del estrictamente laboral, el dictamen formula sugerencias relativas al desarrollo de la educación como pilar de la integración; políticas de vivienda, y cooperación en materia de retorno de los inmigrantes clandestinos o irregulares. [b]Colectivos de inmigrantes presentan un documento sobre la Ley de Extranjería[/b] [i]Diferentes colectivos de inmigrantes de Tenerife presentaron un documento ayer en una conferencia en simultáneo con organizaciones de este tipo de toda España para hacer observaciones y propuestas al proyecto definitivo del nuevo reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería.[/i] La Casa Argentina en Tenerife y las asociaciones de uruguayos, colombianos, senegaleses, mauritanos, cubanos, brasileños, ecuatorianos, saharauis y el Rotary Club Tenerife Sur respaldan estas propuestas, según manifestaron a este periódico los representantes del colectivo argentino en el Centro Cultural de Los Cristianos. Estas asociaciones recordaron su rechazo a las modificaciones realizadas a la Ley de Extranjería en diciembre de 2003, cuando gobernaba el Partido Popular, y manifestaron que aunque se apruebe ahora un reglamento con carácter distinto a la política migratoria anterior "continuaremos teniendo varios cientos de miles de personas que viven en España en una situación de exclusión de la legalidad porque no gozan de los derechos básicos, han de vivir ocultos por miedo a la expulsión y están sometidos a la explotación laboral para poder subsistir". Estos colectivos afirman que las observaciones del documento que presentaron ayer en toda España sobre el proyecto del nuevo reglamento "deben entenderse desde la voluntad de aprovechar el margen de interpretación de la Ley para que al menos algunas personas vean suavizada una situación estructurante injusta". "Un reglamento por sí solo no puede lograr un cambio relevante en la política migratoria española si la Ley que desarrolla es la que genera la burbuja de inmigrantes irregulares", indica este documento de los colectivos citados, que consideran que el nuevo reglamento olvida a diversos grupos de inmigrantes como los extranjeros con hijos españoles, los hijos y cónyuges irregulares de residentes legales y los ascendientes de personas con permisos. Estos colectivos de inmigrantes aplauden el acuerdo al que se ha llegado para el proceso de regularización, pero creen que "considerar el empadronamiento como único medio de prueba de estancia puede dejar a mucha gente fuera de este proceso tras el miedo al acceso policial al padrón". [b]Caldera garantiza que no habrá fraude con Reglamento Extranjería[/b] [i]MADRID, (Reuters), 20.11.2004[/i] - El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó el viernes que el Reglamento de Extranjería que está elaborando su departamento no va a dejar la puerta abierta al fraude en la regularización de inmigrantes 'sin papeles', como se ha advertido desde diversos ámbitos. "Yo les garantizo que no va a ver fraude", dijo el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde presentó el proyecto de Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que se aprobará formalmente el próximo mes. "No habrá contratos de diseño, ni empresas de diseño", añadió Caldera. El reglamento incorpora una regularización extraordinaria para los aproximadamente 800.000 inmigrantes que se estima se encuentran 'sin papeles' en España. A partir de su entrada en vigor, prevista para finales de enero o febrero, el Gobierno concederá un periodo transitorio de tres meses para que un inmigrante se acoja al arraigo laboral para obtener un permiso de trabajo. El trabajador extranjero deberá demostrar que lleva 6 meses en España (con un certificado del padrón municipal), que dispone de un contrato de trabajo de 6 meses mínimo - con alguna excepción en agricultura, hostelería y construcción y servicio doméstico - que está dado de alta en la Seguridad Social y que no tiene antecedentes penales tanto en España como en su país de origen. [b]SEVERAS SANCIONES[/b] "Cuando acaben los tres meses para la regularización extraordinaria de estos inmigrantes ningún empresario - ya se lo he dicho - debe contratar a nadie sin papeles en España, porque las sanciones serán severas", advirtió el ministro. El reglamento sigue contemplando además los criterios de reagrupación familiar y arraigo social para conseguir la legalización de un inmigrante. Para la vía de la reagrupación familiar se exigirá un permiso de residencia inicial renovado, medios de vida suficientes y un alojamiento digno. Para acogerse al arraigo social es requisito imprescindible llevar tres años viviendo en España, tener un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales y tener familiares en el país. Además, para la eficacia y gestión en la gestión administrativa de los permisos de trabajo se conectarán informáticamente todos los organismos implicados y se creará la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Esta comisión, que debe aunar la máxima concertación, se encargará de elaborar trimestralmente un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y establecerá el contingente anual de trabajadores extranjeros que hacen falta en el país. El ministro de Trabajo anunció que el lunes espera llegar a algún acuerdo con el Partido Popular, la única formación política que se opone al Reglamento porque rechaza disposición transitoria por la que se permite legalizar a quienes hoy tienen un empleo estable al considerarlo un 'efecto llamada'. Desde 1991 se han producido varias regularizaciones extraordinarias, destacando las habidas en los años 2000 a 2003, bajo el Gobierno del PP, donde se concedieron más de 480.000 regularizaciones, frente a las 108.000 concedidas por el Ejecutivo del PSOE en 1991-92, según datos del ministerio. [b]Inmigración.- El Gobierno remite al CGPJ, CES y Consejo de Estado el proyecto de Reglamento de Extranjería. Unos 630.000 extranjeros han accedido a la legalidad a través de procesos extraordinarios en los últimos 20 años.[/b] [i]MADRID, 19 (EUROPA PRESS)[/i] El Consejo de Ministros estudió hoy, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, un informe sobre el proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería y acordó remitir el texto al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Consejo Económico y Social (CES) y Consejo de Estado, para su consulta previa a la aprobación definitiva del Real Decreto. El proyecto de Reglamento recoge, en su Disposición Adicional Tercera, un nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, que el Ejecutivo define como "normalización", al que podrán acceder inmigrantes en situación irregular empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto. El proceso, que se prevé abrir en febrero, contempla tres meses para la presentación de solicitudes y se prevé que su tramitación esté completamente finalizada en agosto. Asimismo, los extranjeros deberán contar con un contrato de trabajo de seis meses con carácter general. En la agricultura, el contrato podrá ser de tres meses y en hostelería y construcción de seis meses de forma discontinua en un periodo de un año. Los empleados de hogar deberán presentar contratos de al menos 30 horas semanales en un periodo de seis meses con varios empleadores, si es preciso. En ningún caso podrán tener antecedentes penales en España o su país de origen, pero sí se les revocará aquellas órdenes de expulsión dictadas por estar en España de forma irregular o trabajar de manera clandestina. [b]SOLICITAN LOS EMPRESARIOS[/b] En este caso, serán los empresarios los que tendrán que presentar la solicitud de regularización en los puestos habilitados para ello, salvo en el caso de los empleados de hogar (serán los extranjeros los que presenten solicitud). El empresario deberá acreditar la legalidad de su empresa y, además, no podrá haber sido sancionado por la Inspección Laboral por haber contravenido la Ley de Extranjería. La autorización de trabajo estará condicionada a que el empresario de de alta el contrato en la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde que recibe el visto bueno de la Administración. El Gobierno prevé que en un máximo de dos meses desde que se presenta la solicitud el trabajador pueda ocupar de forma legal su puesto de trabajo. El Ejecutivo recuerda que en España se han llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización desde 1991. A éstos, hay que sumar el proceso de 1986. En total, han sido regularizados en España a lo largo de 20 años unos 630.000 extranjeros mediante procesos extraordinarios, como ya adelantó Europa Press. De ellos, 480.185 obtuvieron sus papeles en regularizaciones llevadas a cabo por gobiernos del PP desde 1996. [b]800.000 IRREGULARES[/b] Asimismo, recuerda que el número de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2004 es de más de 3 millones, según estimaciones del INE, mientras que las tarjetas de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2003, era de 1,6 millones. En los primeros nueve meses de 2004, el número de extranjeros legales ha aumentado en 200.000, mientras que el Ejecutivo baraja una bolsa de irregulares de unos 800.000. El texto de Reglamento recoge también el desarrollo de la política migratoria una vez termine el periodo transitorio y ha recibido más de 4.000 folios de aportaciones de agentes sociales, ONG, comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos políticos, y gira en torno a cinco ejes. Así, La regulación de los flujos migratorios se ordena a través del Régimen General de contratación de trabajadores extranjeros y del Contingente; la lucha contra la inmigración irregular se articula a través del arraigo laboral (denuncia) y la vinculación de la autorización de trabajo al alta del contrato en la Seguridad Social; la integración social de los inmigrantes se desarrolla mediante la reagrupación familiar y el arraigo social. [b]POLÍTICA DE CONSENSO[/b] Además, el Gobierno quiere que se aborde la inmigración como una política de consenso y para ello ha creado la Comisión Laboral Tripartita (administración, sindicatos y empresarios) que concertara todas las medidas, elaborará un catálogo de profesiones de difícil ocupación y propondrá los contingentes. Al mismo tiempo, destaca la voluntad de celeridad y eficacia en la gestión administrativa a través de la implantación de una nueva aplicación informática y la agilización d de los trámites. Como novedad en materia laboral, destaca para acceder al Régimen General la elaboración trimestral de un Catálogo de Profesiones de Difícil Ocupación por parte de los Servicios Públicos de Empleo a propuesta de los servicios autonómicos y previa consulta d de los interlocutores sociales. Mientras, las cifras del Contingente podrán ir adaptándose a lo largo del año en función de las necesidades del mercado y la cifra inicial será propuesta por las comunidades autónomas, junto con la ampliación de contratación nomitanitva. [b]Caldera afirma que se regulará a menos de 800.000 inmigrantes y que el fraude es "imposible".[/b] [i]MADRID, 19 (EUROPA PRESS)[/i] El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que que se "normalizará" la situación de menos de 800 000 'sin papeles', que el fraude es "imposible" y que los datos del Ministerio del Interior prueban que no se está produciendo un "efecto llamada". El ministro se expresó así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que analizó hoy el texto del proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería, que el Gobierno espera esté aprobado en breve, tras dar el visto bueno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado, organismos a los que el Ejecutivo ha enviado ya el texto. El Consejo de Ministros acordó remitir el texto al CPGJ, al CES y al Consejo de Estado, para su consulta previa a la aprobación definitiva del Real Decreto. El proyecto de Reglamento recoge, en su Disposición Adicional Tercera, un nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, que el Ejecutivo define como "normalización", al que podrán acceder inmigrantes en situación irregular empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto. El proceso, que se prevé abrir en febrero, contempla tres meses para la presentación de solicitudes y se prevé que su tramitación esté completamente finalizada en agosto. Los extranjeros deberán contar con un contrato de trabajo de seis meses con carácter general. En la agricultura, el contrato podrá ser de tres meses y en hostelería y construcción de seis meses de forma discontinua en un periodo de un año. Los empleados de hogar deberán presentar contratos de al menos 30 horas semanales en un periodo de seis meses con varios empleadores, si es preciso. En ningún caso podrán tener antecedentes penales en España o su país de origen, pero sí se les revocará aquellas órdenes de expulsión dictadas por estar en España de forma irregular o trabajar de manera clandestina. En este caso, serán los empresarios los que tendrán que presentar la solicitud de regularización en los puestos habilitados para ello, salvo en el caso de los empleados de hogar (serán los extranjeros los que presenten solicitud). El empresario deberá acreditar la legalidad de su empresa y, además, no podrá haber sido sancionado por la Inspección Laboral por haber contravenido la Ley de Extranjería. La autorización de trabajo estará condicionada a que el empresario dé de alta el contrato en la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde que recibe el visto bueno de la Administración. El Gobierno prevé que en un máximo de dos meses desde que se presenta la solicitud el trabajador pueda ocupar de forma legal su puesto de trabajo. El Ejecutivo recuerda que en España se han llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización desde 1991. A éstos, hay que sumar el proceso de 1986. En total, han sido regularizados en España a lo largo de 20 años unos 630.000 extranjeros mediante procesos extraordinarios. De ellos, 480.185 obtuvieron sus papeles en regularizaciones llevadas a cabo por gobiernos del PP desde 1996. [b]ES UNA "LEGALIZACIÓN"[/b] A pesar de que el Gobierno estima en 800.000 el número de extranjeros en situación irregular que viven en España, espera que sean menos los inmigrantes clandestinos que se beneficien del proceso extraordinario de regularización, según explicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es difícil hacer una estimación de cuántos van a beneficiarse, pero serán menos de 800.000, porque muchos de ellos no tienen la edad laboral (16 años) y hay familias enteras", dijo, a la vez que subrayó que no se trata de un proceso de regularización indiscriminado, que el Ejecutivo no quiere repetir, sino de una "legalización". Caldera explicó que, aunque en principio no parece que el texto afecte a la regulación de derechos fundamentales (lo que no haría necesario remitirlo a este órgano), ante la duda el Gobierno ha preferido remitirlo. En cualquier caso, espera que el CGPJ emita dictamen la próxima semana. Además, el texto será informado por el CES y el Consejo de Estado, y su aprobación definitiva se prevé a lo largo del próximo mes de diciembre. Respecto a los requisitos para la regularización, admitió que se sigue estudiando la posibilidad de que el certificado de empadronamiento no sea el único documento previsto para acreditar la estancia de seis meses en España, a petición de diferentes sectores, y adelantó que el proyecto definitivo contemplará un análisis de los costes administrativos del procedimiento. A su vez, advirtió que el fraude, salvo algún caso singularísimo, es imposible. "No parece posible que una persona consiga falsificar el pasaporte, el certificado de empadronamiento, el certificado de penales en España y su país de origen, un contrato y los requisitos empresariales, porque además es el empresario el que debe solicitar la legalización", recalcó. [b]REUNIÓN CON EL PP[/b] También negó que se haya producido un "efecto llamada" a raíz del anuncio de este proceso y adelantó que la próxima semana se presentará un informe sobre la evolución de las entradas y las devoluciones en frontera desde el mes de junio. Respecto a la totalidad del texto, Caldera resaltó el alto grado de consenso alcanzado con la mayoría de los sectores implicados, incluidas todas las fuerzas políticas, salvo el PP. No obstante, apuntó que el próximo lunes volverán a reunirse con el principal partido de la oposición porque siguen abiertos a alcanzar un acuerdo, en el que el principal obstáculo es el proceso de regularización. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó el "amplio respaldo" social, institucional y político de lo que considera "el inicio del camino hacia un gran acuerdo de Estado de Inmigración". "Frente a quienes ven la inmigración como un problema, el Gobierno lo ve como un reto; frente a quienes la ven como una amenaza, el Gobierno lo ve como una oportunidad; frente a quienes lo asocian con la delincuencia y la marginación, el Gobierno lo ve como una contribución económica y cultural; frente a quienes prefieren cerrar los ojos a la realidad, el Gobierno prefiere abrir los ojos y asumir sus responsabilidades", subrayó. [b]Ultiman el reglamento de Extranjería y acuerdan no alegar al TC sobre la Constitución Europea.[/b] El Gobierno ultimó hoy el reglamento de la Ley de Extranjería, que podría incluir otras fórmulas al margen del padrón para que los inmigrantes puedan probar su estancia España, y acordó no presentar alegaciones al Tribunal Constitucional respecto a la consulta sobre la Constitución Europea. En su reunión, presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega por encontrase José Luis Rodríguez Zapatero en la cumbre iberoamericana, el Consejo de Ministros aprobó también un acuerdo sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero por el que se encarga llevar el Registro Nacional de Derechos de Emisión a una sociedad. El proyecto del reglamento de la ley de extranjería, analizado por el Ejecutivo, abre un periodo de tres meses para que los empresarios puedan regularizar a sus trabajadores extranjeros que lleven seis meses empadronados y cuenten con contrato por otros seis. Se centra en cinco ejes: gestión de los flujos migratorios, lucha contra la inmigración irregular y la economía sumergida, la integración de los extranjeros, hacer de la inmigración una política de Estado basada en el consenso y conseguir una gestión administrativa eficaz y ágil. El Consejo acordó no presentar alegaciones al emplazamiento del Tribunal Constitucional sobre la consulta del Ejecutivo para que dictamine si es necesario reformar la Carta Magna para adaptarla a la Constitución Europea, con el objetivo de agilizar la respuesta de esta institución. Ahora el Constitucional abrirá un plazo de treinta días previsto por la ley para emitir su dictámen, por lo que la consulta podría resolverse antes de la navidad. Por otra parte, el Ejecutivo decidió encomendar la gestión del registro de emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales responsables del cambio climático y del calentamiento del planeta, a la Sociedad de Gestión de Registro de Compensación y Liquidación de Valores Iberclear. Otros dos Reales Decretos aprobados incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas europeas que modifican la lista de edulcorantes y aditivos, distintos de colorantes y edulcorantes, autorizados para su utilización en los productos alimenticios Asimismo acordó enviar a las Cortes el proyecto de Ley por el que se amplía el derecho a la justicia gratuita a los llamados litigios transfronterizos en la Unión Europea y se mejora en el caso de los discapacitados Nombró nueva fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla a María José Segarra Crespo, quien se convierte en la primera mujer al frente de este Tribunal y en ejercer una jefatura de Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También nombró consejeros electos del Consejo de Estado al ex presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón y a la académica de la Historia y catedrática de Análisis Geográfico Regional Josefina Gómez Mendoza. Aprobó un Real Decreto por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), entre las que figura la creación de la Subdirección de Grandes Acontecimientos Deportivos Internacionales. El Consejo dio luz verde a una serie de complementos salariales para los profesionales públicos docentes en centros de Ceuta y Melilla y en los acogidos al Convenio suscrito entre los ministerios de Defensa y Educación También en el ámbito educativo, decidió crear la especialidad de Dulzaina entre las enseñanzas de grado medio de música. [b]El gobierno estudia el texto del reglamento de la Ley de Extranjería[/b] [i]2004/11/19, Remedios Villa Martínez, Madrid[/i] [b]800.000 inmigrantes podrán regularizar su situación en España con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. El informe llegaba, este viernes, a la mesa del Consejo de Ministros. El lunes, el Partido Popular podría sumarse al acuerdo alcanzado con otra fuerzas políticas y sociales.[/b] El proceso de regularización extraordinaria se abrirá en febrero y habrá tres meses para la presentación de solicitudes. Afectará, según el gobierno, a un número inferior a los 800.000 extranjeros en situación irregular que ahora mismo viven en España. Los requisitos: 6 meses de empadronamiento, contrato de trabajo de seis meses con excepciones, alta en la seguridad social y carecer de antecedentes penales. Pero se sigue estudiando la posiblidad de que el certificado de empadronamiento no sea el único documento que sirva para acreditar la estancia en España. En cualquier caso, para el Gobierno, en este proceso de regularización extraordinaria es imposible que haya fraude. Desde el Ejecutivo se asegura que no se está produciendo un "efecto llamada" y que trás este proceso los empresarios que contraten a personas sin papeles serán castigados con duras sanciones. [b]Unos 15.000 extranjeros al año podrán establecerse como autónomos con el nuevo Reglamento, según UPTA[/b] [i]MADRID, 8 (EUROPA PRESS)[/i] Entre 10 000 y 15 000 extranjeros podrán establecerse como autónomos en España con la regulación que para esta actividad económica recoge el futuro Reglamento de la Ley de Extranjería, según estimó hoy el presidente de la Unión de Profesionales Autónomos (UPTA), Sebastián Reina, tras reunirse con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí. "En España se dan de alta como autónomos unas 100.000 personas al año, de las que un 10 por ciento pueden ser inmigrantes con la nueva normativa", explicó Reina que, a su vez recordó, que ya hay 110.000 inmigrantes dados de alta como autónomos en la Seguridad Social. Reina se felicitó de que el Ejecutivo haya flexibilizado los requisitos para que los extranjeros puedan venir a trabajar a España como autónomos, que se contemplan desde el artículo 58 hasta el 62 del Reglamento. Así, aplaudió que ya no sea necesario contar con un título profesional homologado para realizar una actividad por cuenta propia, sino que baste con demostrar experiencia profesional en el país de origen o en España en el ámbito en el que se quiera ejercer la actividad. También apoyó que los extranjeros autónomos puedan empezar a ejercer su actividad mientras se estén tramitando las licencias para el negocio y no una vez se hayan concedido. Al mismo tiempo, valoró positivamente que la viabilidad de la actividad se ciña a que cubra las necesidades del extranjero y no a que éste cuente con recursos adicionales. "La previsión inicial del trabajo autónomo estable diseñada en realidad pensando en empresarios extranjeros que quisieran invertir o crear empresas en España --aseguró--. Ahora, se tiene en cuenta al extranjero que quiere trabajar por cuenta propia para ganarse la vida". [b]ARRAIGO LABORAL[/b] UPTA también está de acuerdo con que la Disposición Transitoria para normalización de inmigrantes en situación irregular no incorpore a los que trabajan por cuenta propia. No obstante, también apuesta por una interpretación del arraigo laboral que, una vez transcurrida la disposición transitoria, permita acceder a la legalidad a aquellos extranjeros que realizan actividades por cuenta propia. Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración se limitó a señalar que se estudiará esta última posibilidad y a insistir en que la normalización transitoria de extranjeros no afecta a los trabajadores por cuenta propia y que tampoco ningún interlocutor lo ha solicitado en ningún momento. Por otro lado, se comprometió a que las instrucciones que desarrollen la entrada de extranjeros en España para trabajar por cuenta propia recojan criterios objetivos para evitar interpretaciones subjetivas de la Administración. En cuanto a las críticas del PP sobre la Disposición Transitoria, Rumí lamentó que el principal partido de la oposición se haya quedado "aislado y solo" sin presentar tampoco ninguna alternativa a este proceso. "Nos gustaría saber que es lo que proponen ellos porque no lo sabemos --añadió--. Seguimos a la espera". En relación a la denuncia la Confederación Española de Policía (CEO) de que hay unos 100.000 inmigrantes empadronados que en realidad no residen en España y que podrían beneficiarse de la futura regularización, Rumí aseguró que no conoce el informe y pidió que se le remita para evaluarlo. En cualquier caso, señaló que se está diseñando el sistema informático que dará cobertura a un sistema de tramitación eficaz.